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Se viene el juicio oral

Se viene el juicio oral

06 de Julio de 2017 - El Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 29 de Buenos Aires resolvió elevar a juicio oral la causa por los delitos de Administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documento privado en reiteradas oportunidades, que inició la UAR

    De la investigación llevada a cabo por el Magistrado Instructor no solo se acreditó la materialidad de los hechos denunciados y la autoría de Sanchez y Blanco, procesándolos en orden a los ilícitos mencionados, sino también de  Carlos y Cristian Müller quienes también habrían defraudado el patrimonio de la UAR y por tal motivo se los procesó con idéntica calificación. Asimismo se dispuso, respecto de los cuatro procesados, trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $2.847.862.-
    Así, encontrándose agotada la instrucción la querella (Unión Argentina de Rugby) y el señor fiscal requirieron la elevación a juicio de la causa.
    El Magistrado Instructor dispuso elevar la causa, quedando radicada en el Tribunal Oral N° 4, frente al que se sustanciara el debate oral y público.
UN POCO DE HISTORIA   
    El hecho se conoció en septiembre del 2012.  Sánchez y Blanco fueron procesados en julio del 2015. Carlos y Cristian Muller, padre e hijo y titulares de la compañía Mullis Seguridad Integral, recibieron su procesamiento en octubre del 2016.
    El fallo de la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen ratificó los procesamientos contra Andrés Marcelo Sánchez y Hernán Martín Blanco por los presuntos delitos de "defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con uso de documento privado falso" y un embargo para ambos que trepa a 2.847.862 pesos.
    En dicho fallo, explica que "el Gerente General de la UAR Damián Martín Díaz, precisó que al producirse los hechos denunciados, Andrés Marcelo Sánchez se desempeñaba como Gerente Administrativo y Financiero de la organización y que entre sus dependientes directos se hallaba Hernán Martín Blanco, quien revistaba como Jefe de Compras".
    "A ellos correspondía recabar presupuestos para la contratación de servicios y compras, y una vez autorizadas las operaciones por la gerencia pertinente, confeccionar las órdenes -que eran documentadas en legajos correlativos- y obtener las firmas de dos de los directivos autorizados a extender los cheques", añadió el directivo en la causa.
    De la investigación surgió que el imputado Sánchez "ejercía un rol de dominio casi absoluto sobre la administración, como si fuera propia".
    También "se estableció pericialmente que las firmas de los directivos efectuadas sobre la totalidad de los cheques vinculados contablemente a las 153 órdenes de pago cuestionadas eran apócrifas" y una auditoría arrojó que "al consultar a los proveedores que figuraban como destinatarios de los pagos, se estableció que las facturas asentadas en los registros de la empresa no correspondían a servicios prestados a la UAR".
    "El cotejo de las órdenes de pago exhibe que en ningún caso fueron extendidos en favor de los representantes de dichas compañías", añade el fallo firmado por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo y Carlos Alberto González.
    "La circunstancia de que Blanco interviniese directamente en el cobro de 41 cheques, mientras que quien sería su esposa -y no desempeñaba rol alguno en la organización- lo hizo con otros tres, exhibe su intervención activa en la maniobra conociendo la ilegitimidad de su conducta, pues dada su función de jefe de compras sabía el destino diverso al que contablemente se les había asignado", añadieron los jueces.
    Además, la investigación determinó que otros empleados de la UAR también cobraron cheques sin que hubiera razón para ello, lo que -según los camaristas- indica que "lo habrían hecho bajo las directivas de los imputados, desviando en beneficio de aquéllas tales sumas".

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